Una de las principales obligaciones que el Estado mexicano asumió al ratificar instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto de San José o el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, es justamente respetar y garantizar los derechos previstos en tales instrumentos a los ciudadanos sujetos a su jurisdicción. Esta última obligación implica prevenir violaciones a los derechos humanos, investigar de modo serio y eficaz las mismas cuando ocurran y sancionar a los responsables.
La masacre de Acteal ocurrió porque no se tomaron las medidas de prevención necesarias para salvaguardar a las víctimas, pese a que las autoridades del gobierno del estado contaron con información sobre la eventualidad del ataque. Fue un crimen en que participaron, además de los autores materiales cuya situación se analiza por la Corte, autores intelectuales vinculados al Estado, que promovieron y financiaron a los grupos paramilitares, y que, después de la masacre modificaron la escena del crimen. Una investigación seria y eficaz habría arrojado una explicación razonable, amplia y convincente de los hechos ocurridos. Además, se habría conducido con extremo cuidado de los derechos procesales de las personas inculpadas y del soporte probatorio de la acusación.
Un recurso muy utilizado por los encargados de investigar los delitos es integrar averiguaciones previas
que permiten contener a la opinión pública, realizar una detención, iniciar un proceso e incluso conseguir una condena de primera instancia, pero que no soportan una revisión a la luz de los derechos humanos de que gozan las personas sujetas a un proceso penal. En una investigación así integrada es muy fácil anticipar que el resultado de una revisión será la libertad.
No obstante, la responsabilidad del Estado mexicano frente a los derechos de las víctimas, sus familiares y la sociedad subsiste, dado que no se habría satisfecho la obligación estatal de esclarecer los hechos y castigar a los responsables, es decir, no se habría hecho justicia ni revelado la verdad a las víctimas, sus familiares y la sociedad.
Lo que sí habría quedado claro es el fracaso del procesamiento judicial como la vía para conseguir justicia, y la impunidad como beneficio para quienes cometen crímenes y violaciones a los derechos humanos. De modo que el caso Acteal no terminaría con la concesión del amparo a los implicados como autores materiales, más bien marcaría la pauta para un nuevo proceso que implique, ante la imposibilidad de castigar a los autores materiales, juzgar y castigar a los autores intelectuales, esclarecer cabalmente los hechos y revelar la verdad.
De igual modo, dado que el Estado habría incumplido con una obligación internacional en materia de derechos humanos, la intervención de los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quedaría plenamente justificada. No olvidemos que estos organismos tienen una función subsidiaria y que actúan en cualquier caso en que los recursos legales internos se han agotado o han fracasado en la protección de los derechos humanos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene, pues, en sus manos, la responsabilidad internacional del Estado mexicano por incumplir con las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida de las víctimas. Puede ser que las violaciones al derecho al debido proceso justifiquen la libertad de los implicados como responsables, sin embargo, nada justifica que después de casi 12 años de la masacre el Estado mexicano confirme que la impunidad es la respuesta a quienes sufren crímenes horrendos y la violación de sus derechos.
* Abogado chiapaneco, defensor de los derechos humanos,
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