Los especialistas aseguraron que a Jacinta (46) se le negó un juicio justo y está encarcelada “debido únicamente a su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia”.
Mediante un comunicado público, AI explicó que la pobladora indígena, miembro de la etnia otomí y madre de seis hijos, se encuentra encarcelada desde agosto de 2006 tras acusarla del secuestro de seis agentes federales.
Los agentes federales aseguraron que ella y otros vendedores del mercado de la plaza de Santiago Mexquititlán, en el estado de Querétaro, los tomaron como rehenes en marzo de 2006 durante una operación contra vendedores de discos piratas.
Más de cuatro meses después del incidente, el 3 de agosto de 2006, Jacinta fue detenida. “La única prueba que había contra ella era una fotografía publicada en el periódico local en la que se le veía detrás de los participantes en la protesta”, mencionó el documento.
Agregó que, en aquel momento a Jacinta, que hablaba muy poco español y no entendía lo que ocurría, “no se le proporcionó ningún intérprete y su abogado de oficio nunca le explicó su derecho de defensa”.
“El caso de Jacinta es un escándalo. Es una farsa de administración de justicia y un claro ejemplo de la justicia de segunda clase que suelen recibir en México las poblaciones indígenas”, afirmó Rupert Knox, investigador de AI sobre México.
El pasado 17 de julio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México determinó que había graves irregularidades y pruebas falsas en el juicio de Jacinta.
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